¿Provincias borrachas de eco-turismo?

La Sectur debiera apoyar aquellos proyectos ecoturísticos   promisorios en las provincias

Una intensa fiebre turística parece estar arropando toda la geografía nacional. De manera casi imperceptible, son cada día más las provincias del país que han logrado, por ley, declararse “provincia ecoturística”. Los efectos netos han sido parcos, pero al optar por ese codiciado segmento del mercado estas provincias han manifestado una voluntad de conservación que podría ser muy útil a la sustentabilidad de la industria. Lo lamentable es, sin embargo, que esas aspiraciones no encuentren mayor eco en la política pública.

Según la International Ecotourism Society, ecoturismo es “el viaje responsable a las áreas naturales que conserva el medio ambiente y mejora el bienestar de la gente local.” Otras definiciones incluyen además la cultura como objeto del viaje. Lo de “responsable” implica que en la visita turística se respete tanto la naturaleza como la cultura. Con un 20% anual, el ecoturismo es el segmento de más rápido crecimiento de la industria turística mundial. Puesto que el grueso de los ecoturistas proviene de Norteamérica y Europa, su crecimiento sin duda refleja la alta conciencia ambiental de la población en los mercados emisores.

Son varias las razones por las cuales el ecoturismo es muy conveniente para el país anfitrión. Al elevar el nivel de conciencia de los turistas y anfitriones sobre el valor de los recursos naturales y culturales, la actividad tiende a promover el uso sostenible de los recursos. De ahí que el ecoturismo sea un firme aliado de la conservación, y por vía de consecuencia, de la sustentabilidad del producto turístico de un país. Pero sus otras bondades son igualmente importantes: involucra y beneficia a las comunidades locales, educa a sus participantes y genera recursos para la conservación. Puesto que los ecoturistas tienden a ser gente de más altos ingresos y nivel educativo, también tienden a gastar más en los destinos que visitan.

Este tipo de turismo, por supuesto, resulta más deseable para aquellas regiones de un país donde los atractivos naturales y/o la cultura son los principales. Por eso no sorprende que algunos de nuestros legisladores, justipreciando los atributos de sus respectivas provincias, hayan diligenciado en el Congreso la designación de “provincia ecoturística” para las mismas. Ya son ocho las que han logrado ese galardón jurídico. La estampida comenzó recién después de promulgada la Ley No. 158-01 que promueve el desarrollo turístico de los “polos de escaso desarrollo y nuevos polos y localidades de gran potencialidad”. La primera provincia que logró la distinción fue la de Hato Mayor (2002) y Barahona le siguió dos años más tarde.

Pero mas importante aún es el hecho de que hay otras ocho que están buscando el mismo objetivo. Aunque hayan perimido sus respectivos anteproyectos de ley, el hecho de que hayan sido introducidos y de que hayan contado con la aprobación de por lo menos una de las cámaras sugiere que tienen vocación de ser refrendados eventualmente. De las que tienen sus anteproyectos en curso, la mayoría los introdujo en el 2007.

PROVINCIAS ECOTURISTICAS DECLARADAS POR LEY

Nombre Número Presidencia Fondo Asignación

de la Provincia de la Ley del Consejo Especial RD$ (millones)

Hato Mayor 77-02 Senador Si 50 anuales por 2 años

Barahona 212-04 Senador Si 100 anuales por 6 años

Monseñor Nouel 195-04 Senador Si 50 anuales por 2 años

San José de Ocoa 151-04 Asociación Si 1 mensual por 4 años

Desarrollo

El Seibo 511-05 Senador Si 12 anual por 2 años

San Juan 163-05 Asociación Si 1 mensual por 4 años

Desarrollo

Elías Piña 156-05 Senador Si 12 anual

Sánchez Ramírez 40-08 Cámara Si Ninguna

Comercio

Anteproyectos Perimidos: La Romana, Espaillat, Peravia, San Pedro, Monte Plata, Santiago Rodríguez, San Cristóbal, Hermanas. Mirabal. El de Azua fue aprobado por la Cámara de Diputados y actualmente esta pendiente en el Senado.

Tanto las leyes aprobadas como los anteproyectos que han perimido siguen un mismo modelo. Después de identificar los recursos turísticos de que dispone la provincia y loar las bondades del ecoturismo y de la conservación de los recursos naturales, las iniciativas legislativas nombran un Consejo Provincial de Desarrollo Ecoturístico, la mayor parte de las veces presidido por el senador de la provincia. Ese consejo tiene por miembros a casi todas las autoridades provinciales, miembros de la sociedad civil (incluyendo las iglesias) y de las secretarías de Estado mas relevantes (Medio Ambiente y Turismo). También se crea un fondo especial para el desarrollo ecoturístico y se asignan recursos del presupuesto nacional.

Lamentablemente, a pesar de ser una realidad jurídica estas leyes no han sido aplicadas. Aunque un par de las provincias han hasta logrado decretos presidenciales para constituir sus consejos, el Gobierno no ha cumplido con el desembolso de los recursos asignados. Por lo general, los consejos no han funcionado -con la excepción del de Hato Mayor- y mucho menos se han generado proyectos ecoturísticos por su mediación. No se conoce, en fin, de ninguna iniciativa importante de parte de estos consejos.

Tal vez los gobiernos han sido renuentes al control político de ese gasto por parte de ávidos senadores. O tal vez, sencillamente no han creído en la viabilidad del ecoturismo en las provincias. Pero el incumplimiento de estas leyes es una instancia más de las muchas que están vigentes, pero que no se aplican. (Otro buen ejemplo es el de la Ley 121 del 1968 que crea las Comisiones Provinciales de Turismo, las cuales nunca han funcionado aunque algunas fueron nombradas.) Habría que admitir, sin embargo, que estas leyes “ecoturísticas” traducen una aspiración deseable de poblaciones y lugares que no se han beneficiado del fenómeno turístico.

Aunque no conviene que se esté legislando para atomizar el esfuerzo de desarrollo turístico al margen de las instituciones ya existentes, la Sectur podría aprovechar la aspiración para apoyar iniciativas locales que valgan la pena. Para ello la cartera podría proponer una ley que centralice por su intermedio el desembolso de los fondos asignados a los consejos, requiriendo como prerrequisito planes de negocio o documentos de proyecto que merezcan ser apoyados. Y convendría que la primera prioridad fuera el apoyo a los proyectos de turismo comunitario. .

Al final, lo importante es que estas leyes proveen una instancia válida para estimular las energías creativas de los provincianos en pos del desarrollo turístico. El gasto correspondiente se justificaría por su contribución a la diversificación del producto turístico nacional, la sustentabilidad de la industria, la mejor distribución de los beneficios del turismo y la mayor equidad en la distribución de los recursos fiscales para el sector.

De Juan LLado
Diario Libre
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Publicado el diciembre 26, 2008 en Noticias y etiquetado en . Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.

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