El desarrollo transforma la Naturaleza. Pero sólo si este respeta los procesos y fenómenos naturales podrá ser sostenible. Por eso, la conservación de ecosistemas y hábitats se propone como un prerrequisito a la sostenibilidad. En la RD hoy día, sin embargo, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), un pilar de la conservación, se ha ido de la mano y parece conspirar contra el desarrollo turístico.
Hace poco tiempo que el mundo tomo conciencia de la importancia de armonizar el desarrollo con la conservación. Fue con el famoso Informe Bruntland de 1987 y la Cumbre de Río del 1992, cuando las naciones se comprometieron a adoptar políticas y medidas que garantizaran esa armonía.
La máxima adoptada fue entonces que el desarrollo debe satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones.
De este razonamiento se deriva la necesidad de la conservación. Ciertos espacios naturales deberán preservarse para salvaguardar la biodiversidad biológica que hace posible que el desarrollo sea sostenible. Si no se preserva una cantidad mínima de ecosistemas y hábitats naturales estaríamos cavando la fosa de la actividad económica. Pero esa conservación no debe impedir el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas protegidos.
Es innegable que en algunos destinos turísticos las exigencias de la conservación se han ignorado. Aunque conocida como la «industria sin chimeneas» y la «industria blanca», «los turistas y las facilidades turísticas se han engullido valiosas tierras agrícolas, han arruinado playas, contaminado aguas, destruido manglares y botado a poblaciones autóctonas de sus predios.» Por eso algunos perciben al turismo como un enemigo de las áreas protegidas y de la conservación.
Por suerte, la «Políticas para la Gestión Efectiva del SINAP» (2007) contemplan al turismo como un potencial aliado. Reconocen que la actividad turística puede desarrollarse sin que esto signifique peligro para los objetivos de la conservación. Mas importante aun, reconocen que la visitación turística a las áreas protegidas puede suministrar recursos que coadyuven a su preservación y desarrollo. Ante la eterna precariedad presupuestaria del Gobierno, el turismo podría representar una tabla de salvación.
Para la RD este grado de conciencia tiene mucha trascendencia. Las áreas protegidas no solo representan atractivos complementarios a las playas y el clima. También son recursos potenciales para hacer posible la necesaria diversificación de la industria turística. En ellas se encierra una riqueza de atractivos y experiencias que podría, de desarrollarse adecuadamente, romper con el yugo del «todo incluido». De ahí que entre el SINAP y el turismo existe una (potencial) complementaridad de la que ambos pueden sacar provecho.
Sin embargo, la situación actual del SINAP presenta por lo menos dos aspectos que militan contra el desarrollo turístico. El primero tiene que ver con la falta de una política explícita y deliberada para hacer de las áreas protegidas el filón de desarrollo turístico que nuestro país requiere. Si bien las «Políticas» y el «Plan Maestro del SINAP 2010-2030» (2010) contemplan el aprovechamiento turístico, el énfasis es mas en la conservación que en el aprovechamiento.
Esto no debería ser así. El país tiene en el sector turístico su principal y más viable recurso desarrollista y las áreas protegidas son el más apto recurso con que contamos para diversificarlo. Por eso deben reconceptualizarse las políticas y los planes para poner al SINAP al servicio del desarrollo turístico, además de la conservación. Con un esfuerzo deliberado y priorizado, ambas cosas pueden lograrse para que el desarrollo nacional sea verdaderamente sostenible.
La segunda situación tiene que ver con la correcta demarcación de las 120 unidades del SINAP que representan un 25% del territorio nacional. La actual Ley Sectorial (No.202-04) que rige la materia ha dejado insatisfechos tanto a ambientalistas como a empresarios. Existe actualmente una nebulosa en relación a los límites definitivos de las áreas protegidas y las autoridades mantienen el limbo para ejercer mayor discrecionalidad.
Hay indicios de que existe una sobreprotección de ecosistemas y de que actores públicos y privados temen a una abierta discusión del asunto. Mientras algunos de los primeros han señalado inconsistencias y vacíos en la legislación, algunos de los otros claman por menos restricciones. Por eso no debe descartarse acudir a las Naciones Unidas para que nos asistan en la tarea. Es casi seguro que un porcentaje significativo de las áreas no tendrían que ser protegidas.
Al final, nada podrá lograrse para compatibilizar la conservación con el turismo si no se dispone de los recursos necesarios. Los ministerios de Medio Ambiente y Turismo pueden acoger este planteamiento e inclusive adoptar un plan formal, pero sin el financiamiento debido para desarrollar las áreas protegidas no estaremos en nada. Para lograr esos recursos deberá contemplarse alternativas audaces que no estén ligadas al presupuesto o a los prestamos internacionales.
Entre estas últimas cabría destacar la posibilidad de vender algunos de los activos del SINAP que no representan un valor ecológico indispensable. Por el otro lado, también podría pensarse en asignarle la mitad de los beneficios del Banco de Reservas, en vista de que no debe ser una prioridad nacional que esa institución siga creciendo. Pero tanto para esto como para las dos situaciones comentadas se necesita que se abra y repercuta el debate público.
De Juan Llado
Diario Libre
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